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La Fragata Libertad, eje de un caso de supuestas coimas

La Justicia investiga una licitación para renovar la nave, ganada por una empresa alemana

Las sospechas de corrupción dentro de la Armada llegaron hasta el corazón de la Fragata Libertad. La justicia federal avanza con una investigación por presuntas irregularidades en la licitación para la compra de la "planta propulsora" del barco.

La sospecha es que hubo un direccionamiento para que la adjudicataria fuera la empresa alemana Ferrostaal y que, además, el Estado pagó sobreprecios. Los investigadores buscan determinar si lo que se esconde es un caso de sobornos.

El fiscal de la causa, Carlos Rívolo, pidió una decena de medidas de prueba y el juez, Norberto Oyarbide, ya dispuso las primeras. Pidió todo el expediente administrativo de la licitación y lo está analizando, según informaron fuentes judiciales.

Los negocios de Ferrostaal en la Argentina están seriamente cuestionados. Un ex directivo de la empresa declaró como testigo encubierto en Alemania y dijo que en 2006 la compañía había pagado una "comisión" de 3,5 millones de euros a funcionarios argentinos para ganar un contrato de diseño de lanchas patrulleras.

Esta denuncia dio origen a una causa que investiga, en paralelo con el caso de la Fragata Libertad, el juez federal Ariel Lijo. Funcionarios judiciales dijeron a LA NACION que no se descarta que ambos expedientes terminen acumulados.

En el proyecto para la construcción de los buques intervinieron la Marina y el Ministerio de Defensa, que, según fuentes judiciales, no se sabe aún si tuvo responsabilidad en el caso. Lijo se negó a aceptar a la ministra Nilda Garré como querellante, pese a que fue quien denunció el caso tras conocerse el testimonio encubierto.

El expediente de la fragata también se inició por una denuncia de Defensa. Objetó la licitación realizada en 2004 para cambiar los motores, hélice y el resto de la planta propulsora. La adjudicataria había presentado una oferta por 1.650.000 euros, que luego bajó, con condiciones, a 1.575.000.

El expediente tiene siete militares acusados. Entre ellos está el ex director general de Material Naval de la Armada Gustavo Efraís Lepron, hoy retirado, que en 2006 fue ascendido a vicealmirante. Hasta hace pocos meses fue, además, el número dos de Tandanor. El testigo encubierto que declaró en Alemania lo mencionó al hablar de los destinatarios de los sobornos en el caso de las lanchas.

La causa que instruye Oyarbide tiene como base un informe de la Dirección de Transparencia Intitucional del Ministerio de Defensa. Ese organismo le informó a la Justicia que había detectado una serie de irregularidades en el contrato para refaccionar la Fragata Libertad.

Entre ellas, que se había incluido en el pliego de condiciones para la licitación una cláusula que sólo una de las empresas podía cumplir. Se exigía acreditar haber instalado equipos similares en un tipo de codaste parecido al de la fragata. Además de Ferrostaal había ofertado una sola competidora, Macrosa del Plata, por 1.134.000 euros, pero fue descartada por no cumplir esa cláusula.

"Imposible"

En la investigación de Defensa, competidoras de Ferrostaal dijeron que era un requisito muy difícil de cumplir. Uno de ellos, el presidente de Unión Técnica, Steen Lienhard, dijo que resultaba "imposible" presentar antecedentes que probaran que la empresa había instalado equipos similares en una embarcación como la Libertad "porque ese tipo de construcción no se utiliza desde hace muchos años y sólo existen en el mundo unos pocos veleros de esa clase".

También generó sospechas la velocidad del proceso de adjudicación. El informe de Defensa advierte que en un solo día se realizó "el dictamen de preadjudicación, la disposición de adjudicación, la aceptación de dos condiciones modificatorias de la oferta originaria, la firma del contrato y la emisión del certificado de saldo de crédito presupuestario".

Además, se denunció que se invitó a las empresas con sólo un mes de antelación, y que Ferrostaal, aun así, había podido adquirir los pliegos mucho antes que su competidora.

Otra presunta irregularidad: ni Ferrostaal ni Macrosa del Plata entregaron a tiempo el certificado fiscal, informó Defensa. Macrosa fue descalificada; Ferrostaal, no.

Por último, el informe afirma que Ferrostaal ofreció descuentos siempre que se cumplieran dos condiciones, pese a que la legislación considera inadmisibles las ofertas que contengan condicionamientos. Además, Defensa no logró que la Armada acreditara que se ha instalado toda la maquinaria comprometida.

Domingo 5 de setiembre de 2010

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