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Fuerte debate por la publicidad oficial

La oposición aprobó un dictamen de comisión, que propone crear un órgano autónomo para distribuir la pauta con criterios objetivos

Luego de una discusión reglamentaria, en la que el oficialismo y la oposición volvieron a enfrentarse duramente, el arco no kirchnerista en la Cámara de Diputados logró ayer emitir un dictamen por mayoría para regular por ley el reparto de la publicidad oficial, un rubro al que el Gobierno destinó $ 829 millones el año pasado.

Lo hizo en una reunión conjunta de las comisiones de Comunicaciones y de Libertad de Expresión de la Cámara baja, que quedó teñida de la fuerte discusión que horas antes se había dado en la Comisión de Comercio sobre el proyecto del Gobierno para regular desde el Estado la comercialización del papel para diario.

Para poder ser debatida en el recinto, la iniciativa que apunta a reducir los márgenes de discrecionalidad en el reparto de la publicidad oficial deberá pasar por el filtro de la Comisión de Presupuesto, que preside el oficialista Gustavo Marconato. Este diputado evitó ayer reunir a la comisión, por lo que la oposición teme que intente demorar el trámite del proyecto.

El dictamen por mayoría recogió el apoyo de los diputados de la UCR, el Peronismo Federal, la Coalición Cívica, Pro, GEN, el Partido Socialista y el interbloque de centroizquierda que preside Fernando "Pino" Solanas, aunque estos últimos preveían firmar en disidencia en reclamo de mayores fondos para los medios comunitarios.

Tras dilatar el debate y reclamar que la firma del despacho se retrasara una semana para poder convocar a la Comisión de Presupuesto, el oficialismo acompañó un dictamen por minoría, elaborado por la presidenta de la Comisión de Comunicaciones, Silvia Vázquez (Forja). Pese a que es una habitual aliada del kirchnerismo, la diputada cumplió un compromiso que había asumido con la oposición para que el dictamen se firmara ayer. Hubo también un segundo dictamen por minoría, elaborado por Martín Sabbatella (Nuevo Encuentro), que se ubica en una posición intermedia entre los otros dos proyectos.

Organismo autónomo

El dictamen de mayoría propone que el reparto de la publicidad oficial esté a cargo de un organismo autónomo, con autoridades elegidas por concurso, con acuerdo del Senado y con estabilidad. Ese organismo, a su vez, estaría supervisado por una comisión bicameral, formada por ocho diputados y ocho senadores.

El proyecto establece criterios objetivos para el reparto de la publicidad, como la pertinencia entre el objetivo de la campaña y la zona de influencia y capacidad de penetración del medio, además de la cantidad de producción propia y el nivel de audiencia, tiraje, visitas online y lectores, entre otros registros de medición.

Entre las innovaciones importantes figura la prohibición de que se nombren o se muestren imágenes de funcionarios en las publicidades o se destaquen logros del gobierno.

"Esto no es contra este gobierno. Nosotros legislamos para el futuro, para que nunca más se manipule la publicidad oficial como una herramienta de censura indirecta", dijo Silvana Giudici (UCR), presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión.

Los discursos sobre los dictámenes comenzaron sólo después de fuertes cruces entre oficialismo y la oposición. "¿Por qué no nos animamos a regular la publicidad privada, que es de más de 5500 millones?", desafió el kirchnerista Juan Carlos Dante Gullo. "La oposición quiere discutir la publicidad oficial, que es un insumo de la prensa, pero no quiere discutir el insumo más importante, que es el del papel de diario de la monopólica Papel Prensa", dijo la oficialista Diana Conti.

El dictamen que firmó el oficialismo propone fijar en un 30% el porcentaje mínimo que debería destinarse a medios comunitarios, cifra que en el dictamen de mayoría quedó estipulada en un 10 por ciento. Además, fija criterios menos rígidos para el reparto de la pauta y deja la aplicación de la norma en manos del Poder Ejecutivo. "La iniciativa tiende a completar el camino iniciado con la ley de medios", dijo Vázquez.

El dictamen de Sabbatella coincide en que el reparto debe ser controlado por el Congreso, pero establece que la autoridad de aplicación debe depender del Poder Ejecutivo.

Gabriel Sued
LA NACION

Miércoles 8 de setiembre de 2010

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