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Una trampa que perjudica a todos

En 2009, el Congreso, a instancias del Gobierno, sancionó la ley de reforma política, que incluye las primarias abiertas. Hoy, los partidos ven esa novedad, que en su momento votaron, como una trampa.

En los Estados Unidos, las últimas primarias comenzaron el 3 de enero de 2008; se realizaron a lo ancho de todo el país, en distintas fechas; los precandidatos fueron nominados en agosto, y los comicios presidenciales se celebraron en noviembre. El país vivió un año entero en campaña.

En la Argentina, en cambio, se introdujeron por la ventana lo que podría llamarse primarias "exprés": la campaña comienza a fines de julio; en un único día de agosto, se hacen primarias y, dos meses después, se vota para presidente.

A fines de 2009, el kirchnerismo imaginaba que necesitaría las primarias para derrotar al peronismo disidente y, así, legitimar la tercera candidatura de un Kirchner. Y el radicalismo, un partido acostumbrado a las internas, sucumbió al canto de sirena: los líderes del ahora desaparecido Acuerdo Cívico creyeron que les servirían para dirimir sus pujas y, además, que favorecerían el bipartidismo.

Pero el escenario cambió. Néstor Kirchner falleció; el kirchnerismo se alineó, por ahora, detrás de Cristina Kirchner; Eduardo Duhalde avanza por fuera, con el sello Unión Popular, y varios partidos, como Pro, podrían tener lista única. ¿Necesita el Gobierno mantener la exigencia democrática de las primarias, en un único día de agosto? Sólo lo explicaría la intención de asfixiar a la oposición.

Tal vez, sólo la UCR les podría sacar provecho a las primarias en la medida, no tanto de que elija a tal o cual precandidato, sino, principalmente, de que pueda mostrarle a la sociedad que tiene capacidad para movilizar a millones de simpatizantes. Sólo así los independientes podrían ver a la UCR como una real alternativa al Gobierno.

Antes de la sanción de la ley, la Cámara Electoral pedía otra reforma: la boleta única. Pero ningún partido quiso escuchar. El Gobierno aprovechó y concentró buena parte del poder de organizar las elecciones en el Poder Ejecutivo (la Dirección Nacional Electoral), en detrimento de la Justicia. Se cambió la forma de armar el padrón. Dice el Gobierno que será más transparente, pero en el armado inicial no participan los magistrados, que tampoco podrán cobrar jugosas horas extra para distribuirlas en su personal.

No hay que descartar que, en este panorama incierto, finalmente, la ley sea suspendida como en 2002.

Adrián Ventura
LA NACION

Martes 11 de enero de 2011

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