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Crece el temor al delito

Sin embargo, los índices de victimización no sufrieron modificaciones sustantivas.

Las mejoras acaecidas en materia de acceso a oportunidades de empleo y autonomía económica no se han visto acompañadas por una paralela recomposición de las condiciones de seguridad que caracterizan la vida social en las grandes ciudades del país. El temor de sufrir un hecho delictivo no sólo se halla sumamente extendido, sino que incluso se ha incrementado en el último quinquenio, pese a que los índices de victimización no sufrieron modificaciones sustantivas.

Entre los diversos factores que explican estas tendencias se hallan las dificultades institucionales para aplicar con éxito una política de seguridad ciudadana, consistente con el doble propósito de prevenir las múltiples expresiones de violencia social y de generar las condiciones propicias para el desarrollo de la confianza social.

Los datos obtenidos por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA muestran que los servicios públicos de seguridad continúan siendo altamente deficitarios, especialmente en lo que concierne a la cobertura de su prestación. Actualmente, la mitad de los hogares consultados no cuenta con vigilancia policial próxima a la vivienda, contribuyendo a incrementar la sensación de inseguridad.

El acceso socialmente diferenciado a tales recursos es un aspecto más donde las desigualdades tienden a consolidarse: en los barrios marginados seis de cada diez hogares no dispone de vigilancia policial. Paradójicamente, el miedo de sufrir un hecho delictivo alcanza en estos sectores valores superiores a los registrados en otros espacios sociales habitualmente asociados con los reclamos de seguridad.

Sin embargo, cabe destacar que los problemas de acceso regular a los servicios de seguridad no se encuentran ausentes en los barrios de clase media acomodada, donde la falta de vigilancia policial comprende a una tercera parte de los hogares. En estos vecindarios se advierte además una importante heterogeneidad en relación con la disponibilidad de servicios privados de seguridad residencial.

Sin duda, este conjunto de problemas dificulta la consecución de entornos seguros indispensables para el desenvolvimiento de la vida comunal en condiciones de protección e integridad personal necesarias para la gestación de condiciones más amplias de cohesión social.

Eduardo Lépore
eduardo_lepore@uca.edu.ar

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