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Empresarios contentos por la continuidad del modelo K

En las grandes empresas el holgado triunfo de Cristina Fernández es leído como una señal de fortaleza política que sirve para garantizar la continuidad del plan.

Pese a que los grandes empresarios admitieron estar satisfechos con la victoria de Cristina Fernández de Kirchner, que asegura la continuidad del modelo, creen que la futura presidenta deberá abordar, ni bien asuma, los temas pendientes que deja su marido. Entre ellos destacan principalmente la inflación, pero también hacen hincapié con la necesidad de alentar la inversión tanto nacional como del exterior.

"Aunque es una renovación extraña, Cristina llega con una experiencia de cuatro años y eso hará las cosas más fáciles", dice un ejecutivo de una multinacional de buena llegada al Gobierno.

Para contener la inflación, los empresarios confían en la implementación del pacto social que pregonó Cristina durante la campaña. Quieren que ese acuerdo les sirva para atenuar las demandas sindicales. La idea de negociar una suba salarial única en todo el año, y la aplicación de incrementos de precios paulatinos en el mismo porcentaje. Los ejecutivos admiten que el aumento en los sueldos no bajará del 10% al 15%. Los caciques sindicales ya hablaron del 20% al 40%. El Gobierno fijará un valor intermedio. "Los salarios subieron demasiado el año pasado y éste. No podemos dar otro 20% de aumento sin crear inflación", destaca Cristiano Rattazi, presidente de Fiat.

En cuanto a las restricciones energéticas, los empresarios creen que Cristina deberá encaminarse hacia un sinceramiento de las tarifas, que incentive la inversión. Sin embargo, estiman que el ajuste será paulatino. "Un Gobierno muy racional asumiría el costo de subir tarifas de una sola vez, pero con el atraso que hay no es posible y tendrá que ser escalonado. Las cosas no se resuelven del día a la noche", asegura el ejecutivo de una compañía que participa del negocio eléctrico.

Los empresarios más cercanos al Gobierno observan que está en marcha la licitación de cinco generadoras, y que las dos usinas que promovió la administración Kirchner en Campana y Timbúes entrarán a mediados de 2008. En cambio, la segunda parte de la construcción de los gasoductos está atrasada, quizás como coletazo del escándalo desatado por el caso Skanska.

Ya se acordaron revisiones integrales tarifarias para las distribuidoras eléctricas. Lo que falta es medir la suba de la boleta, que ocurrirá en febrero. Se habla de un rango que va del 9% al 11%. Los incrementos se aplicarán después de un estudio sobre la facturación y rentabilidad de las firmas del sector. Con esos números, el Gobierno fijará la forma en que cada empresa llegara a una ganancia que las partes consideren "lógica". "El Gobierno repartirá el aumento como mejor le parezca. Puede que se le cobre un poco a los 2,5 millones de clientes que tenemos, o más los de mejor poder adquisitivo o a las industrias", había dicho a iEco Alejandro MacFarlane, presidente de Edenor.

"El gran tema por resolver es aggiornar los precios de la economía. El desafío es poner la economía argentina en el nivel de precios internacionales. No puede haber una economía aislada en tarifas, servicios o energía. Y, para que esa puesta al día no tenga impacto inflacionario hay una sola forma, que es aumentar la oferta de bienes y servicios atrayendo la inversión, nacional y extranjera. En alimentos, el mecanismo de mantener precios bajos, con subsidios, es un paliativo. Soy muy optimista", señala Miguel Ángel González, presidente de Atanor.

Las giras de la candidata por Europa y Estados Unidos generaron una percepción positiva en las filiales locales de empresas extranjeras. La continuidad del modelo durante los próximos años destrabaría algunas inversiones pendientes.

Sin embargo, la mayoría de los ejecutivos reclama que suban los niveles de inversión, para poder combatir la inflación de una forma más eficaz. Para lograrlo, hablan de calidad institucional, que es percibida como uno de los puntos flojos del Gobierno.

Los subsidios a los alimentos, el transporte, los combustibles y la energía tenderían a reducirse. El objetivo es lograr una recomposición del superávit fiscal, que cayó durante 2007. Los analistas de Wall Street -como Vladimir Verning (de JP Morgan) y Walter Molano (BCP Securities)- creen que Cristina Fernández está convencida de la necesidad de mejorar las cuentas públicas.

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