En la calle son asesinados más policías que en 2009; muchos delincuentes están libres porque los jueces y las normas los benefician con excarcelaciones anticipadas; una mujer y su hijo son gravemente heridos en una salidera bancaria; un grupo de asaltantes toma a una familia de rehén en plena Capital Federal y varios jóvenes fallecen aplastados bajo el derrumbe de un gimnasio. Esa la imagen que refleja la calle.
La política proyecta otra película. El Gobierno fogonea una relativa inflación para crear una ficticia sensación de bienestar y licua los sueldos; algunos jueces oficialistas logran que las causas por corrupción avancen lentamente y la oposición se deshilacha.
Parece haber entre la agenda que le importa a la gente y la agenda que construye la dirigencia política un divorcio creciente. La política se aleja de los ciudadanos, lo cual, en última instancia, beneficia al poder de turno, porque consigue que los ciudadanos pierdan interés en la política. Sin embargo, bajo todas esas situaciones subyace un común denominador: la inseguridad jurídica.
La seguridad jurídica es un metro que sirve para medir la distancia entre aquellos dos mundos: cuando los políticos logran superar sus rencillas para encontrar soluciones, la brecha se acorta y ellos crean mayores dosis de seguridad; en caso contrario, la gente se siente insegura, sin respuestas ni certezas para sus problemas. Es este metro el que parece, en la Argentina, muy elástico:
- Senadores de la oposición aprobaron el dictamen para limitar los decretos de necesidad y urgencia, sobre la base de un proyecto que fue aprobado en Diputados. Y, ayer, después de muchos meses de chocar contra un bloque kirchnerista que parecía insuperable; aquellos senadores avanzaron con la media sanción a un proyecto, la regularización del Indec. Limitar la discrecionalidad presidencial para aprobar normas y transparentar las estadísticas son dos pasos positivos.
- Sin embargo, son logros escasos si se los compara con la enorme agenda pendiente: sigue en una impasse el 82 por ciento móvil para los jubilados o nadie se acuerda ya de resolver el problema de la inseguridad en las calles, limitando excarcelaciones. Y los legisladores de la oposición, que deben decidir si el Congreso reasume facultades que había delegado en el Poder Ejecutivo (la diputada Graciela Camaño fue la que más desmenuzó el tema) todavía no logran que la Casa Rosada encare un debate serio.
- Ayer mismo, la presidenta Cristina Kirchner reclamó que los jueces no dictaran medidas cautelares y se refirió expresamente a la ley de medios. ¿No es eso una presión a la Corte, que debe pronunciarse sobre esa ley?