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Un padre debe mantener a su hija mayor de edad

Cesará la obligación al terminar los estudios

En un fallo inusual, la justicia en lo civil de la ciudad bonaerense de Dolores resolvió que una estudiante universitaria de 22 años tiene derecho a recibir de su padre una cuota alimentaria mensual hasta un año después de la finalización de sus estudios de grado, aun cuando ya ha superado la edad límite de vigencia de la patria potestad, que impone el pago de aquella obligación paterna.

Lo novedoso es que los jueces de la Cámara en lo Civil y Comercial con asiento en aquella ciudad y con jurisdicción en la costa atlántica, escenario de la litis en cuestión, determinaron que la imposición no puede superar el 10% del valor del haber jubilatorio que percibe el padre de la demandante, puesto que el hombre también debe atender otras obligaciones, como, por ejemplo, un crédito hipotecario.

En este fallo, publicado ayer por el Centro de Información Judicial (CIJ) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los camaristas María Dabadie, Silvana Canale y Francisco Hankovits revocaron una sentencia de primera instancia.

En su apelación, la joven justificó su reclamo en que el régimen de ocho horas de cursada (entre las 14 y las 22), sumado al tiempo de viaje desde su casa, en Mar de Ajó, hasta Santa Teresita, donde cursa la carrera de Diseño de la Comunicación Visual, le imposibilitan trabajar. Argumentó que "una interpretación dinámica del artículo 265 del Código Civil [que impone a los padres la obligación de criar, alimentar y educar a sus hijos "conforme a su condición y fortuna"] amerita que deba establecerse la continuidad de la cuota", ya que de lo contrario se "condena a quien ha iniciado sus estudios en la menor edad a abandonar los mismos por la imposibilidad de solventarlos con recursos propios".

La Cámara le dio la razón. Reconoció que aunque "las cuotas alimentarias de los hijos menores cesan al asumir la mayoría de edad, por estar fundadas en obligaciones nacidas de la patria potestad", en el caso en estudio se debía atender "la urgencia alimentaria en el rubro educación" y la "merma de la disponibilidad laborativa" por las ocho horas diarias de cursada, más el tiempo de viaje y el que debía destinar a estudiar.

Los camaristas consideraron que debía prestarse especial atención al hecho de una carrera universitaria favorece una mejor inserción laborar y remuneración. Al mismo tiempo, evaluó las posibilidades del "alimentante", y limitó su carga a "lo indispensable para la subsistencia de la peticionante", y por un plazo que no puede extenderse "más allá de un año de lo prescripto por currícula para la duración de la carrera".

El doctor Alberto Gowland, abogado especialista en derecho de familia, consideró que el fallo "va más allá del límite [de la letra dura del Código], pero por una buena causa y con un criterio razonable".

Fernando Rodríguez
LA NACION

Jueves 19 de agosto de 2010

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