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Una decisión fuera de término

La resolución 100/10 de la Secretaría de Comunicaciones, que dispuso la caducidad de la licencia de Fibertel fue dictada en forma sorpresiva y contraria a la actuación del propio Gobierno: a pesar de que durante los últimos siete años varios organismos aprobaron la operatoria de Cablevisión, ahora el Gobierno pretende revertir de un plumazo esa situación.

Cablevisión, que interpreta que la decisión "es un nuevo capítulo dentro de la escalada cada vez más totalitaria de ataques del Gobierno contra el Grupo Clarín", anunció que iniciará acciones civiles y penales.

Carlos Winograd, economista y ex secretario de Defensa de la Competencia, afirmó: "Desde el punto de vista económico, esta medida, si prospera, afectará la competencia, concentrará el mercado de Internet y aumentarán los costos de la TV paga. Los usuarios tendrán menos prestadores y precios más altos. Y, a nivel general, crea mucha inseguridad jurídica".

Para entender lo que ocurrió hay que revisar los hechos de los últimos siete años, durante los cuales Cablevisión obtuvo varios dictámenes favorables del Gobierno, que nunca objetó su operatoria.

En 2003 -antes de que el Grupo Clarín desembarcara en el mercado de Internet-, el grupo Hicks era titular de una licencia de cable, que operaba su firma Cablevisión, y de otra licencia de valor agregado que comercializaba la empresa Fibertel. Los accionistas de Cablevisión y de Fibertel eran los mismos y, por motivos comerciales, Fibertel se fusionó en Cablevisión.

Esa decisión societaria fue comunicada al Poder Ejecutivo: la Comisión Nacional de Telecomunicaciones dictaminó en forma favorable y la Secretaría de Comunicaciones nunca se expidió. No era necesario que lo hiciera porque no había cambio de control societario (decreto 764/2000).

En 2006, el Grupo Clarín, que operaba la licencia Multicanal, compró Cablevisión (con Fibertel adentro y ya fusionado) y comunicó esa operación al Gobierno.

La CNC dictaminó favorablemente y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, en diciembre de 2007, aprobó la fusión. Era el gobierno de Néstor Kirchner. La Secretaría de Comunicaciones tenía sesenta días para expedirse y dejó pasar el plazo sin objetar.

Henoch Aguiar, ex secretario de Comunicaciones y uno de los principales expertos en la materia, sostiene: "El mercado de las telecomunicaciones es muy dinámico. Por eso la legislación establece que la Secretaría de Comunicaciones tiene 60 días para pronunciarse. Debió haberlo hecho en 2006 y no lo hizo. Ahora, en lugar de rectificar su error, castiga a un licenciatario y les pretende regalar a Telecom y Telefónica un millón de usuarios". En efecto, el Gobierno no objetó a Cablevisión por falta de autorización ni le aplicó sanciones hasta que, hace quince días, la Comisión Nacional de Comunicaciones intimó a la empresa a suspender la venta de nuevos servicios. Mientras la empresa apelaba esta resolución, la Secretaría de Comunicaciones dispuso la caducidad de la licencia de Fibertel.

La nueva medida oficial parece inscribirse en una embestida del Gobierno contra el grupo Clarín -y, en general, contra los medios audiovisuales-, que comenzó hace varios años, pero que se intensificó el año último, cuando el Congreso nacional dictó la ley de medios audiovisuales, que ahora está a estudio en la Corte Suprema de Justicia.

Adrián Ventura
LA NACION

Viernes 20 de agosto de 2010

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