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Con la certeza de que lo peor está por ocurrir

Aun los empresarios más engalanados con la gestión del Gobierno sienten desde hace algunos días cierta intranquilidad.

"Se viene un período horrible, hay que cubrirse", evaluaba ante LA NACION en anteanoche el número uno de una multinacional. Ajustada a derecho o no, la embestida contra Fibertel fue acaso la última demostración de que, salvo contadas excepciones, ningún activo está a salvo en la Argentina.

En conversaciones privadas recientes, la proyección de la mayor parte de los hombres de negocios pretendió tener sustento histórico. Dicen que ningún líder autoritario ha logrado jamás flexibilizarse sino todo lo contrario. Para casi todos, Néstor Kirchner se acerca bastante a esta categoría de gobernantes. Nunca, como ahora, la comparación con Venezuela se ha escuchado tantas veces en la Unión Industrial Argentina (UIA). "Usted no entiende: si no lo evitamos, Kirchner nos va a expropiar a todos", soltó en 2008, durante una fuerte discusión con este diario, uno de los miembros de la junta directiva de la entidad fabril. Esa fijación se acrecentó en los últimos días.

Algunos espejismos van quedando rápidamente en el camino. La pretendida reconciliación del Gobierno con parte de la clase media y del establishment es un sueño infecundo si se atiende a lo que ocurrió en Santa Cruz, que es el único modo de entender a Néstor Kirchner. En la política, en la obra pública, en las cuentas fiscales o en la relación con jueces y medios de comunicación. "Santa Cruz tenía regalías, poca población, mucho empleo público y 700 millones de dólares en el exterior -razonó un industrial-. Debería haber sido Suiza y, sin embargo, Kirchner no puede ya entrar en Río Gallegos: se tuvo que ir a vivir a El Calafate."

Las medidas e iniciativas recientes suscitan además las sospechas de que las encuestas que consignan una recuperación en la imagen o en la intención de voto del matrimonio presidencial tienen por lo menos un alcance acotado. ¿Qué gobierno en la senda del éxito arriesgaría un proceso semejante con pasos políticos que, como en el caso de Fibertel, incomodan a más de un millón de usuarios? ¿Qué líder político con apoyo popular real necesitaría de un secretario de Estado que, como Guillermo Moreno, irrumpiera a los gritos en una empresa y, delante de las cámaras de seguridad, exclamara "¡Acá no se vota!"?

"A mí se me ocurren dos alternativas -dijo a este diario el dueño de una empresa mediana-. O las encuestas no están tan bien y esto es un signo de debilidad, o este tipo está completamente loco y va por todo." La lógica dirigencial argentina sostiene que una administración débil y acorralada puede ser peor que cierta dosis de autoritarismo en un gobierno.

Algunos de estos escenarios trazados -por primera vez coincidentes en casi todas las cámaras empresariales- llegan después de años de debates en el interior de las dos entidades que han quedado ahora como las más enfrentadas con el Gobierno: la UIA y la Asociación Empresaria Argentina (AEA). Se produjeron, por ejemplo, en 2005, días después de que desde la Casa Rosada se fustigara al supermercadista Alfredo Coto por pronósticos de inflación que pertenecían en realidad a otros ejecutivos en Mar del Plata. O, meses antes, durante el boicot convocado por Kirchner a Shell, iniciativa que incluyó el bloqueo del piquetero Luis D´Elía a 33 estaciones de servicio de la marca. Esas discusiones internas, que se dieron casi en simultáneo en la Cámara de la Industria del Petróleo y en el Instituto para el Desarrollo Empresario Argentino (IDEA), terminaron en todos los casos en conclusiones tajantes aceptadas por las respectivas mayorías: no era el momento de respaldar a los pares e irritar al poder.

Alguna vez, en cambio, la clase dirigente argentina deberá reconocerle cierta dignidad a un puñado de ignotos empleados públicos que resistió y denunció, contra Moreno y contra Kirchner, arriesgando sus carreras y sus sueldos, los sucesivos manoseos a las cifras del Indec. Exactamente lo opuesto al respaldo dado a las mediciones del organismo por la mayor parte de las cámaras empresariales una semana antes de las elecciones presidenciales de 2007: tras varios llamados del Gobierno, nunca se había visto, como en aquella tarde, tanta locuacidad corporativa en la era kirchnerista.

Las mismas compañías eléctricas que hoy piden aumentos de tarifas llegaron a redactar en el otoño de 2008, por pedido del Ministerio de Planificación, comunicados que decían que los piquetes de los productores agropecuarios ponían en peligro el abastecimiento de luz porque les impedían a los técnicos cargar gasoil para reparar las líneas de media y alta tensión. Por otra parte, ninguno de los industriales que reclamaba aumentos tarifarios para los hogares de altos consumos salió en defensa del Gobierno públicamente el año pasado, tras las fuertes actualizaciones que fueron frenadas por la Justicia y cuyo retroceso les hará seguramente pagar un importante costo político a las próximas administraciones. Y el 10 de diciembre de 2007, unos 500 ejecutivos de primera línea que hoy dicen temer la chavización de la Argentina aplaudieron hasta el estruendo a Hugo Chávez cuando, en el Sheraton de Retiro, citaba a Fidel Castro.

El acompañamiento de los hombres de negocios a la administración de los Kirchner duró por lo menos cinco años, y puede entenderse como parte del problema que ahora los espanta: sin instituciones fuertes, criticar a un gobernante excesivamente susceptible es riesgoso. Una lectura más crítica apuntaría también una lección sobre la conveniencia de sobreactuar frente al poder en repúblicas frágiles como la nuestra.

Empresarios & Cia. / Por Francisco Olivera
folivera@lanacion.com.ar

Domingo 22 de agosto de 2010

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