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El objetivo de la Presidenta

Con la presentación del informe oficial sobre Papel Prensa, la presidenta Cristina Kirchner dio el puntapié inicial para una nueva etapa de mayor intervencionismo estatal y de profundización de sus planes para controlar la información.

Es probable que, con un oficialismo apremiado electoralmente, se ahonde el estilo de crispación y de conflictividad con aquellos sectores críticos del Gobierno. La presencia de Guillermo Moreno y Hugo Moyano en la primera fila del acto realizado en el Salón de los Patriotas Latinoamericanos de la Casa Rosada es el mejor indicador de esa tendencia.

Detrás de lo que podría llamarse "la guerra por el papel" que lanzó la primera mandataria, durante un prolongado discurso pronunciado en la Casa de Gobierno y que fue difundido por la cadena nacional, el oficialismo procura generarles un severo daño económico y moral a medios que no se han mostrado afines al Gobierno.

Tres supuestos. La embestida de la jefa del Estado contra Papel Prensa se basó en tres supuestos: que es un monopolio; que ha sido administrada en beneficio de sus accionistas privados, esto es, Clarín y LA NACION, y que las acciones de la empresa fueron adquiridas a la familia Graiver merced a la utilización de prácticas del terrorismo de Estado.

Papel Prensa es en efecto el principal proveedor de papel de diario del país y abastece el 75 por ciento del consumo nacional. El restante 25 por ciento es importado sin ninguna clase de aranceles, lo cual coloca a la empresa en una situación de competencia que ninguna otra industria enfrenta en nuestro país: debe competir con productos importados sin protección alguna. Como han señalado voceros de la empresa, un commoditie, como el papel, que se puede importar sin condicionamientos, es la antítesis del monopolio.

El monopolio quedaría, en rigor, constituido si Papel Prensa pasara a ser controlada totalmente por un gobierno que, al mismo tiempo, maneja la política de importaciones.

Tanto la primera mandataria como la representante del Estado en Papel Prensa Beatriz Paglieri -hasta no hace mucho controvertida interventora en el Indec, acusada de manipular las estadísticas oficiales- recalcaron que la empresa papelera no había realizado inversiones para mejorar su producción y sostener la demanda del mercado interno, situación que justificaría su intervención.

Al margen de que se trata de una apreciación incorrecta (en 1978, Papel Prensa producía 50.000 toneladas anuales de papel y hoy produce 170.000) se trata de un razonamiento más que peligroso para el derecho constitucional de propiedad. Según el criterio oficial, si una empresa mayoritariamente privada no invierte como al Gobierno le gustaría que invierta, sería pasible de ser intervenida o estatizada. Un criterio que acerca al kirchnerismo cada vez más al régimen venezolano de Hugo Chávez.

El Gobierno también denunció que Clarín y LA NACION se otorgan descuentos a sí mismos por la provisión de papel. Pero lo cierto es que, de acuerdo con una tabla de descuentos por volumen, aprobada por los representantes del Estado en Papel Prensa en 2003, se concede una bonificación del 2 por ciento para quienes compren 4000 toneladas anuales, porcentaje que aumenta proporcionalmente hasta alcanzar el 12 por ciento para volúmenes de 20.000 toneladas o más.

La más grave acusación contra los accionistas privados de Papel Prensa tiene que ver con la denuncia de que Clarín, LA NACION y La Razón se habrían "apropiado" de la empresa gracias a "amenazas, apremios ilegales, secuestros, provocaciones ilegales de la libertad, interdicciones de bienes y torturas" contra miembros de la familia Graiver.

El discurso oficial ha sido refutado por los medios de comunicación acusados, en tanto los integrantes de la familia Graiver fueron ilegalmente detenidos más de cinco meses después de producida la venta de sus acciones, cuando salió a luz la relación financiera entre David Graiver y la agrupación Montoneros. Restablecida la democracia, varios de esos familiares, al testimoniar ante la Justicia, nunca dijeron haber sido detenidos antes o durante el proceso de venta de las acciones.

En tal sentido, distintos sectores de la oposición han considerado que, al manipular los hechos históricos con un fin claramente político, recurriendo a claras tergiversaciones, la primera mandataria ha bastardeado los derechos humanos.

Por Fernando Laborda
Especial para lanacion.com

Martes 24 de agosto de 2010

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